La no liberalización del comercio agrícola ha sido una de las principales críticas por parte de amplios sectores de la sociedad civil. En ocasiones estas críticas se han dirigido a la OMC, a pesar de que ésta como tal no controle el resultado de los compromisos: son los Estados miembros, no la OMC, quienes deciden si permitir que los productos agrícolas extranjeros puedan tener un mayor acceso a sus respectivos mercados.
Lo cierto es que el sector agrícola es uno de los menos liberalizados, es decir, uno de los sectores dónde los principales mercados (EEUU, Japón y la UE) aplican tarifas más elevadas a las importaciones provenientes del extranjero. En la UE, la Política Agrícola Común (PAC) impide el acceso de muchas exportaciones de productos agrícolas para proteger a los agricultores europeos de la competencia de otros países. En EEUU, un complejo sistema de subsidios protege de igual forma a sus respectivos agricultores. No solamente no permiten el acceso a sus mercados sino que, además, en algunos casos determinados, debido a unos precios nacionales superiores a los mundiales causados por dicha protección (por ejemplo en la UE), se incentiva el incremento de la producción en estos países. Se han dado casos en los que países industrializados han producido un excedente de productos agrícolas, por los precios nacionales superiores a los mundiales (que incentivan al agricultor a producir más para ganar más). Como el país industrializado no tiene la suficiente demanda para satisfacer toda la producción, ni formas de almacenar los productos agrícolas (entre otras cosas porque muchos son perecederos), se decide exportar dicho excedente. El problema es que, al exportar estos productos, se incrementa su oferta en el mercado mundial y a mayor oferta, se reduce su precio a nivel mundial o incluso llegan tales productos a países en desarrollo que no pueden competir con ellos, no porque sean menos competitivos, sino porque el país industrializado de turno, al ofrecer un subsidio a sus agricultores facilita el que éstos puedan venderlos más baratos. El problema se agrava aún más si se tiene en cuenta que en los países desarrollados tan sólo alrededor de un 5% de la población activa trabaja en la agricultura, mientras que en los países en desarrollo el porcentaje puede alcanzar hasta el 80% de la población. Es así como la protección garantizada a unos pocos agricultores (pagada con el dinero del contribuyente que tiene que pagar precios más altos o sufragar el gasto de los subsidios a los agricultores de su país), acaba impidiendo el acceso al mercado de los países ricos a los agricultores que más lo necesitan o incluso acaban reduciendo el precio de las exportaciones de éstos, con las evidentes consecuencias en su renta
Lo cierto es que el sector agrícola es uno de los menos liberalizados, es decir, uno de los sectores dónde los principales mercados (EEUU, Japón y la UE) aplican tarifas más elevadas a las importaciones provenientes del extranjero. En la UE, la Política Agrícola Común (PAC) impide el acceso de muchas exportaciones de productos agrícolas para proteger a los agricultores europeos de la competencia de otros países. En EEUU, un complejo sistema de subsidios protege de igual forma a sus respectivos agricultores. No solamente no permiten el acceso a sus mercados sino que, además, en algunos casos determinados, debido a unos precios nacionales superiores a los mundiales causados por dicha protección (por ejemplo en la UE), se incentiva el incremento de la producción en estos países. Se han dado casos en los que países industrializados han producido un excedente de productos agrícolas, por los precios nacionales superiores a los mundiales (que incentivan al agricultor a producir más para ganar más). Como el país industrializado no tiene la suficiente demanda para satisfacer toda la producción, ni formas de almacenar los productos agrícolas (entre otras cosas porque muchos son perecederos), se decide exportar dicho excedente. El problema es que, al exportar estos productos, se incrementa su oferta en el mercado mundial y a mayor oferta, se reduce su precio a nivel mundial o incluso llegan tales productos a países en desarrollo que no pueden competir con ellos, no porque sean menos competitivos, sino porque el país industrializado de turno, al ofrecer un subsidio a sus agricultores facilita el que éstos puedan venderlos más baratos. El problema se agrava aún más si se tiene en cuenta que en los países desarrollados tan sólo alrededor de un 5% de la población activa trabaja en la agricultura, mientras que en los países en desarrollo el porcentaje puede alcanzar hasta el 80% de la población. Es así como la protección garantizada a unos pocos agricultores (pagada con el dinero del contribuyente que tiene que pagar precios más altos o sufragar el gasto de los subsidios a los agricultores de su país), acaba impidiendo el acceso al mercado de los países ricos a los agricultores que más lo necesitan o incluso acaban reduciendo el precio de las exportaciones de éstos, con las evidentes consecuencias en su renta
Sin duda alguna se trata de un problema complejo de difícil solución. En primer lugar, están los agricultores de los países ricos que presionan al gobierno para que no deje de protegerlos. Además, a pesar de que en conjunto, la población ocupada en el sector agrario en los países industrializados es muy reducida, también es cierto que ésta no se reparte homogéneamente por todo el territorio, y existen zonas de estos países donde la agricultura es todavía hoy importante. Así pues, si se decidiera desproteger a estos agricultores sin una ayuda alternativa, muchas zonas rurales podrían perder parte de su actividad económica, incentivando así la despoblación de zonas rurales y el incremento de la población en zonas urbanas. En segundo lugar, existen también argumentos de seguridad alimentaria. Quienes defienden este argumento consideran que es mejor que el propio país produzca sus alimentos para no verse afectado por una posible disminución de las importaciones que provocaran la escasez de alimentos. Este argumento ha recibido duras críticas por parte de quienes consideran que la liberalización del comercio en el sector agrícola reduciría este problema más que acrecentarlo: si un país puede exportar y otro importar libremente, es difícil pensar en una situación dónde no existiera a escala mundial un excedente de producción alimentaria que supliera la escasez en otro lugar del mundo, especialmente si hablamos de países ricos que pueden permitirse pagar los alimentos a precios más elevados (como de hecho ya lo están haciendo los ciudadanos europeos o estadounidenses, entre otros).
No hay comentarios:
Publicar un comentario